Recordemos que con motivo del aniversario del golpe de Pinochet, este 11 de Septiembre, el gobierno chileno de Michelle Bachelet solicitó al legislativo de su país que decidiera "con urgencia” sobre la derogación de esta Ley.
Esta Ley ya no se aplicaba desde hacía tiempo e incluso algunos casos que se habían visto en el pasado favorecidos por su aplicación fueron revisados.
Ya en su comparecencia ante el último periodo de sesiones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, la delegación gubernamental
explicaba que la ley “no reviste aplicación práctica en Chile”. (El Comité, sin embargo, insistió en su preocupación de que la norma
“continúe vigente, lo que deja abierta la posibilidad de su aplicación” y terminó solicitando a Chile oficialmente “eliminar la
vigencia legal de la Ley
de Amnistía y asegurarse que la misma
siga sin aplicarse a las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado”.)
Hay dos cosas importantes en este asunto, a mi juicio. La primera es que los jueces han venido interpretando que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se aplica preferentemente sobre el derecho interno en caso de conflicto y que el estado ha asumido ante los organismos internacionales esta doctrina. La segunda es que el debate sobre un tema tan sensible como la derogación de la Ley de Amnistía se está realizando con normalidad democrática.
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